En un movimiento que redefine la política exterior y sanitaria del país, el Gobierno nacional formalizó este martes el retiro definitivo de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida fue comunicada por el canciller Pablo Quirno, quien señaló que la salida se produce en cumplimiento de los plazos legales tras la notificación enviada al organismo el 17 de marzo de 2025.
«Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la OMS», expresó el titular del Palacio San Martín a través de sus canales oficiales. Quirno fundamentó la decisión en la necesidad de resguardar la «plena soberanía y capacidad de decisión» del país en materia de políticas sanitarias, evitando la injerencia de organismos internacionales en la administración de la salud pública local.
Lejos de ser un hecho aislado, la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) responde a una estrategia de alineamiento directo con la administración de Donald Trump, quien oficializó el retiro de Estados Unidos del organismo en enero de este año. Desde la gestión de Javier Milei se ha cuestionado con dureza el rol de la entidad durante la pandemia, tildándola de ser un «brazo ejecutor de experimentos de control social». No obstante, el Gobierno aseguró que la Argentina evitará el aislamiento mediante un plan que contempla reforzar la permanencia en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), profundizar acuerdos bilaterales con naciones aliadas para el intercambio de tecnología y medicamentos, y priorizar la autonomía nacional en la gestión de futuras emergencias epidemiológicas.
Mientras el oficialismo celebra la medida como un acto de libertad y ahorro de recursos, diversos sectores de la oposición y expertos en salud pública han manifestado su preocupación. Argumentan que el país podría perder acceso a fondos globales de financiamiento, programas de vacunación conjunta y redes de alerta temprana ante nuevas amenazas sanitarias.
Desde la Casa Rosada insisten en que este cambio otorgará la flexibilidad necesaria para implementar políticas adaptadas a la realidad e intereses de los argentinos, marcando el fin de lo que consideran una «imposición de agendas ideológicas» desde el exterior.