Un juez laboral de Córdoba emitió un fallo considerado inédito al declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la reciente reforma laboral aprobada a nivel nacional. La decisión judicial cuestiona un punto central de la norma que regula la actualización de créditos laborales en juicios en trámite.
La resolución fue dictada por el magistrado Ricardo Gileta, integrante de la Cámara del Trabajo de Córdoba, en el marco de una causa por despido iniciada por un trabajador contra una empresa. En su sentencia, el juez invalidó el artículo 55 de la Ley 27.802, que establece un régimen diferenciado para calcular las deudas laborales en procesos judiciales iniciados antes de la entrada en vigencia de la reforma.
Ese artículo dispone que los créditos laborales de juicios ya iniciados se actualicen tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central, con un piso equivalente al 67% del cálculo que correspondería aplicar bajo el nuevo sistema.
Para el magistrado, este esquema genera una diferencia injustificada entre trabajadores que se encuentran en situaciones similares. Según explicó en el fallo, quienes iniciaron demandas después de la reforma acceden a un sistema de actualización más favorable, mientras que quienes ya estaban litigando reciben una compensación menor.
En ese sentido, el juez sostuvo que el artículo cuestionado vulnera el principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que impone un trato más desfavorable a quienes llevan más tiempo reclamando judicialmente el reconocimiento de su crédito laboral.
Por ese motivo, ordenó que el crédito laboral del caso se recalculé aplicando el criterio previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la reforma, que establece la actualización según la evolución del índice de precios más un interés mensual.
El pronunciamiento es considerado el primer fallo judicial que declara inconstitucional una parte de la nueva reforma laboral y podría abrir la puerta a presentaciones similares en otros tribunales del país.