En una jornada marcada por el debate interno y la presión de las bases, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) puso fin a la incertidumbre al aceptar la oferta salarial del Gobierno de Martín Llaryora. La decisión se tomó tras la asamblea de delegados departamentales, donde los cambios introducidos a última hora en el acta oficial lograron inclinar la balanza hacia la aceptación, permitiendo la normalización del ciclo lectivo.
El acuerdo llega en un momento crítico, luego de que las delegaciones opositoras —lideradas por Capital— presionaran por un rechazo. Sin embargo, la mejora en los porcentajes de actualización vinculados a la inflación y el compromiso de revisar ítems específicos que afectan a los jubilados docentes terminaron por consolidar la mayoría necesaria para firmar el acta.
El punto de inflexión en la negociación fue la reformulación de las cláusulas de actualización. Entre los detalles que permitieron el acuerdo se destaca el establecimiento de un mecanismo que garantiza que los salarios acompañen la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Córdoba, ajustando los desfasajes producidos a principios de año. Además, se incluyó un cronograma de sumas para recomponer el salario real y se aplicaron cambios en el diseño de los escalafones que benefician a los docentes de mayor antigüedad y cargos directivos.
Para la administración de Martín Llaryora, la resolución de la paritaria docente representa un alivio estratégico. El conflicto con la UEPC se había convertido en el frente gremial más desgastante para la Provincia, que debió equilibrar sus cuentas ante la quita de subsidios nacionales y la caída en la coparticipación. Desde el Ministerio de Educación destacaron que este acuerdo es el máximo esfuerzo posible en un contexto de recesión, mientras que la conducción de la UEPC subrayó que, si bien no soluciona todos los reclamos históricos, representa un avance significativo en la defensa del salario.