El Gobierno de la Provincia de Córdoba anunció la creación de un fondo de asistencia excepcional destinado a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales en todo el territorio provincial. La medida, que dispone de una partida inicial de 2.000 millones de pesos, surge como respuesta a la compleja situación financiera que atraviesa el sector debido a los retrasos en los pagos nacionales y el incremento de los costos operativos.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Martín Llaryora, quien destacó que la prioridad absoluta de su gestión es proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. El fondo será administrado de manera transparente y servirá para cubrir baches financieros de centros de día, escuelas especiales y centros de rehabilitación que hoy ven amenazada su sostenibilidad. Este auxilio económico busca evitar el cierre de establecimientos y asegurar que miles de cordobeses no pierdan su cobertura ni sus tratamientos terapéuticos.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta decisión es parte de una política de Estado que entiende la discapacidad desde una perspectiva de derechos y justicia social. Además del desembolso de fondos, la Provincia se comprometió a establecer mesas de diálogo permanentes con los representantes de las instituciones para monitorear la evolución de la crisis y ajustar las herramientas de asistencia según sea necesario.
Este fondo de emergencia se suma a otras medidas de contención que Córdoba viene implementando ante la retracción de los giros por parte del Gobierno nacional. Con este paso, la administración cordobesa reafirma su rol como garante de los servicios sociales básicos, interviniendo de manera directa para mitigar el impacto de la crisis económica en las organizaciones de la sociedad civil que cumplen una labor social indispensable.