La Justicia de Córdoba inició una investigación masiva tras recibir más de un centenar de denuncias por amenazas de ataques y tiroteos en diversas instituciones educativas de la provincia. Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal ha imputado a ocho adolescentes, de entre 16 y 17 años, por el delito de intimidación pública, luego de operativos que incluyeron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos y réplicas de armas.
El fenómeno, que se extendió durante las últimas semanas a través de redes sociales y mensajes anónimos, provocó la suspensión de clases y el despliegue preventivo de la Brigada de Explosivos en múltiples colegios. Las autoridades judiciales advirtieron que estas acciones no son consideradas «travesuras», sino delitos graves que conllevan penas de entre dos y seis años de prisión. Además, señalaron que los padres de los menores involucrados podrían enfrentar responsabilidades civiles por los costos económicos derivados de los operativos de seguridad.
Desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad provincial han reforzado los protocolos de contención y prevención. Se investiga si el origen de estas amenazas responde a retos virales o a una tendencia de radicalización en plataformas digitales. La Justicia instó a la comunidad educativa y a las familias a extremar el diálogo con los jóvenes para frenar la escalada de violencia simbólica que mantiene en vilo al sistema educativo cordobés.