El Ministerio de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba formalizó un reclamo ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación solicitando respuestas institucionales concretas para paliar la emergencia agropecuaria en la región. Las autoridades provinciales manifestaron su profunda preocupación por las demoras administrativas y la falta de partidas presupuestarias del Gobierno federal para asistir a los productores locales damnificados por los severos fenómenos climáticos que afectaron gravemente los niveles de rendimiento de las cosechas y la subsistencia ganadera.
La gestión del gobernador Martín Llaryora ratificó los decretos locales de emergencia e instó a la administración del presidente Javier Milei a la inmediata homologación de las normativas a nivel nacional. Este paso burocrático resulta indispensable para que los establecimientos rurales afectados puedan acceder de forma efectiva a las prórrogas impositivas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y refinanciar sus deudas con el Banco de la Nación Argentina, herramientas indispensables para mitigar el fuerte impacto económico en los departamentos del interior.
Desde la cartera productiva cordobesa señalaron que los instrumentos de asistencia vigentes en la legislación nacional resultan obsoletos frente a la magnitud del desastre agronómico actual. Los representantes de la provincia demandan la actualización urgente de los Fondos de Emergencia Agropecuaria y el diseño de líneas de financiamiento subsidiadas con tasas blandas, argumentando que el esquema impositivo de retenciones sigue extrayendo recursos millonarios del territorio cordobés sin que existan mecanismos proporcionales de devolución y asistencia ante contingencias extremas.
A la par de las gestiones ante los despachos de la Casa Rosada, la administración de Córdoba mantiene activos sus propios programas provinciales de contingencia a través del otorgamiento de créditos a tasa cero y la exención del Impuesto Inmobiliario Rural para los campos con pérdidas superiores al cincuenta por ciento. No obstante, las entidades del campo y cooperativas locales advierten que el esfuerzo presupuestario de las arcas provinciales es insuficiente para absorber la totalidad del quebranto económico, por lo que el rol regulador e interventor del Estado nacional resulta imperativo.
El conflicto en torno a la asistencia agropecuaria abre un nuevo foco de tensión en la compleja relación política y fiscal entre Córdoba y la Nación. Los funcionarios cordobeses remarcaron que el sector agroindustrial representa el principal motor macroeconómico y de generación de divisas genuinas para el país, por lo cual desatender la descapitalización de los productores compromete de manera directa las proyecciones de siembra y la recaudación fiscal del próximo ciclo comercial.