La provincia de Córdoba se consolidó como una de las jurisdicciones más afectadas del país por el severo recorte en el gasto de capital implementado por el Gobierno nacional. De acuerdo con los informes sobre la ejecución presupuestaria de la administración central, la Inversión Real Directa y las transferencias de capital destinadas a territorio cordobés sufrieron una contracción real interanual del 95,3%, reduciendo las partidas de infraestructura vial, saneamiento y energía a expresiones prácticamente marginales.
Este retroceso no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una política generalizada de neutralización de la obra pública a nivel federal con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. No obstante, el impacto en Córdoba reviste una gravedad particular debido a la magnitud de los proyectos civiles que quedaron paralizados en diferentes etapas de su desarrollo, comprometiendo corredores logísticos estratégicos y redes de servicios esenciales para el entramado productivo local.
Entre las obras de mayor envergadura que se encuentran completamente detenidas destaca la autopista de la Ruta Nacional 19, que planificaba vincular de manera ágil a la capital provincial con la ciudad santafesina de San Francisco. Asimismo, las tareas de mantenimiento y ampliación en tramos críticos de las rutas nacionales 9 y 158 permanecen paralizadas, al igual que diversos planes de infraestructura universitaria y de saneamiento básico financiados originalmente por el Tesoro nacional.
La drástica retracción de los fondos federales obligó al gobierno provincial de Martín Llaryora a reconfigurar sus esquemas financieros para evitar la parálisis total de la obra pública local. Con un margen de maniobra condicionado por la baja de la recaudación propia, la administración cordobesa ha tenido que priorizar con recursos provinciales exclusivos aquellas intervenciones viales y sanitarias más urgentes, mientras mantiene gestiones formales ante la Casa Rosada para destrabar la reactivación de convenios específicos.