En un contexto de profunda crisis para el sector, el gobernador Martín Llaryora recibió a representantes de diversas entidades dedicadas a la discapacidad en Córdoba para comunicarles la activación de un auxilio financiero inmediato. El aporte, que asciende a los $450 millones, está destinado a cubrir gastos de funcionamiento y reactivar un complemento alimentario para aquellas instituciones que brindan servicios de doble jornada.
Durante el encuentro, Llaryora fue tajante sobre la situación que atraviesa el sistema debido a los recortes y demoras en el envío de recursos desde la Nación: “Las provincias y los municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente”, sentenció. El gobernador subrayó que este refuerzo busca dar «un tiempo de tranquilidad» a las instituciones que hoy enfrentan deudas acumuladas y el riesgo real de interrumpir prestaciones críticas para miles de familias cordobesas.
La secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, explicó que esta medida se complementa con el Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su presupuesto a $4.500 millones. Sin embargo, desde la Provincia insistieron en que, si no se normalizan los pagos de programas nacionales como PAMI e Incluir Salud, el sostenimiento del sistema en el tiempo será «insostenible».
Los representantes del sector valoraron el gesto provincial como un «alivio temporal», aunque alertaron sobre la migración de profesionales y el deterioro de la infraestructura ante la falta de una solución estructural a nivel federal.