Manuel Adorni presentó su renuncia indeclinable al cargo de jefe de Gabinete de la Nación en medio de un fuerte escándalo político y judicial. A través de un descargo en sus redes sociales, el ahora exfuncionario argumentó ser víctima de un desgaste producto de sistemáticos ataques mediáticos y desmintió los cargos que se le imputan, asegurando que deja la función pública sin ningún hecho de corrupción comprobado en su haber. La dimisión se produjo de forma anticipada al avance de una moción de censura impulsada por bloques opositores en el Congreso, la cual ya contaba con el respaldo clave de diversas bancadas para forzar su remoción.
El frente judicial más complejo que compromete al exjefe de Gabinete es el expediente por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. El proceso se originó tras detectarse notorias inconsistencias entre sus ingresos declarados y su nivel de vida, lo que incluyó costosas remodelaciones en una propiedad del country Indio Cuá, consumos elevados con tarjetas de crédito y la adquisición de bienes que no guardaban correlación con sus haberes como funcionario del Estado. Las alarmas fiscales derivaron en una reciente rectificación de sus declaraciones juradas, donde el exvocero terminó por reconocer un incremento patrimonial real superior al 400%, justificando los fondos bajo el argumento de haber mantenido ahorros no declarados e inversiones previas en criptomonedas.
En paralelo, Adorni es investigado por la presunta comisión del delito de dádivas a raíz de reiterados e irregulares desplazamientos aéreos que involucraron recursos públicos y privados. La Justicia sigue de cerca el uso del avión presidencial para el traslado de su esposa en una comitiva oficial con destino a los Estados Unidos, así como la realización de viajes familiares de carácter particular hacia Punta del Este a bordo de aeronaves privadas provistas por empresarios con contratos vigentes en la órbita de los medios públicos estatales. Las autoridades judiciales correspondientes avanzan en la recolección de pruebas fiscales, registros de vuelos y peritajes contables sobre su entorno familiar directo con el propósito de determinar si existieron desvíos de fondos públicos o beneficios incompatibles con el ejercicio de su función.
