El Gobierno de Córdoba, bajo la conducción de Martín Llaryora, ha decidido mover las fichas para intentar destrabar el conflicto con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). En una reunión clave mantenida en las últimas horas, el Ejecutivo presentó una propuesta superadora que busca dar respuesta a los reclamos de las bases docentes, quienes venían exigiendo una recomposición que no quede rezagada frente a la inflación.
La estrategia del Centro Cívico apunta a ofrecer previsibilidad en un contexto económico nacional volátil. Con esta mejora, el oficialismo espera que las asambleas escolares den el visto bueno y se garantice la normalidad del ciclo lectivo en lo que resta del semestre.
El punto central del ofrecimiento es la implementación de una cláusula gatillo mensual. Este mecanismo asegura que los salarios se ajusten automáticamente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia.
Además de la actualización por inflación, la oferta contempla la recomposición de la antigüedad, un aumento en los coeficientes que impactan en los docentes con mayor trayectoria, un reclamo histórico del sector, junto al ajuste en el Fondo de Enfermedades Crónicas y al pago de sumas fijas.
La cúpula de la UEPC, encabezada por Roberto Cristalli, calificó la propuesta como un «paso adelante», aunque evitó emitir un juicio definitivo antes de consultar a los afiliados. El cronograma de debate ya está en marcha: este lunes se realizarán asambleas informativas en los establecimientos, el martes se llevarán a cabo las asambleas departamentales y el miércoles tendrá lugar la Asamblea Provincial de Delegados.
Desde el entorno del gobernador Llaryora confían en que el esfuerzo financiero realizado por la provincia sea valorado. «Es la mejor oferta posible cuidando el equilibrio de las cuentas públicas», señalaron fuentes oficiales, mientras la comunidad educativa aguarda con expectativa una resolución que evite nuevos paros.