El Gobierno de la Provincia de Córdoba anunció una firme decisión administrativa y judicial ante la proliferación de falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos. A partir de ahora, el Estado provincial iniciará acciones legales para que los responsables de estas intimidaciones —o sus padres y tutores en caso de ser menores de edad— asuman los costos económicos derivados de los despliegues de seguridad, los cuales incluyen la movilización de brigadas de explosivos, personal policial, servicios de emergencia y bomberos.
La medida fue ratificada por el Ministerio de Seguridad y la Procuración del Tesoro, tras detectar un incremento en este tipo de alertas que, además de generar zozobra en la comunidad educativa, provocan un gasto millonario e innecesario para el erario público. Según estimaciones oficiales, cada operativo de este tipo requiere la coordinación de múltiples áreas y el uso de recursos tecnológicos y humanos que quedan bloqueados para atender emergencias reales mientras se inspeccionan los edificios.
En el ámbito penal, la Provincia se constituirá como querellante en las causas abiertas por «intimidación pública», un delito que contempla penas de prisión. Paralelamente, se impulsarán demandas civiles para obtener el resarcimiento económico de los gastos operativos. Las autoridades explicaron que los peritajes de las áreas de inteligencia cibernética permiten rastrear el origen de las llamadas y los mensajes, facilitando la identificación de los autores incluso cuando intentan ocultar su rastro digital.
Desde el Ministerio de Educación también se intervendrá con protocolos específicos, buscando concientizar a los alumnos sobre la gravedad de estos actos. Si bien se mantiene la prioridad de evacuar las escuelas ante cualquier alerta para garantizar la seguridad, el Gobierno busca enviar un mensaje disuasivo claro: las falsas amenazas no son una broma inocente, sino un acto delictivo que tiene consecuencias financieras directas sobre el patrimonio de quienes las realizan o de sus familias.