La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó por una votación ajustada la reforma a la Ley de Glaciares de Argentina, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que generó un intenso debate político y ambiental.
El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, luego de una extensa sesión que se prolongó durante varias horas y estuvo marcada por cruces entre el oficialismo y la oposición. Con esta votación, la iniciativa quedó convertida en ley, tras haber recibido previamente media sanción del Senado de la Nación Argentina.
La reforma modifica los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, permitiendo que las provincias tengan mayor autonomía para definir qué áreas deben ser resguardadas y cuáles podrían habilitarse para actividades productivas, especialmente proyectos vinculados a la minería. Desde el oficialismo sostuvieron que la medida permitirá atraer inversiones, generar empleo y potenciar el desarrollo económico regional.
Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones ambientales cuestionaron la iniciativa al considerar que podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce. También se registraron protestas en las inmediaciones del Congreso mientras se desarrollaba el debate legislativo.
Desde el Gobierno nacional defendieron la reforma como un paso hacia un “federalismo ambiental” que otorgue mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos naturales, mientras que especialistas y científicos advirtieron sobre la necesidad de mantener criterios técnicos uniformes para garantizar la preservación de los glaciares.
La normativa original, sancionada en 2010, establecía restricciones a la actividad minera e industrial en áreas glaciares y periglaciares, consideradas reservas hídricas fundamentales. La modificación aprobada introduce cambios que buscan compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, un punto que continuará generando debate en distintos sectores políticos y sociales.