En una medida que genera fuerte repercusión en la casa rosada, la justicia federal dispuso el acceso a las cuentas y registros tributarios del Vocero Presidencial y su esposa. La investigación busca determinar la consistencia patrimonial de los funcionarios en el marco de una denuncia opositora.
La Justicia Federal dio un paso decisivo en la causa que investiga al Vocero Presidencial, Manuel Adorni, y a su esposa. El juez Ariel Lijo ordenó este jueves el levantamiento del secreto bancario y fiscal de ambos, en respuesta a un pedido de la fiscalía que busca analizar la evolución de sus bienes y movimientos financieros.
La resolución solicita a la AFIP y al Banco Central el envío de informes detallados sobre cuentas bancarias, plazos fijos, participaciones societarias y declaraciones juradas de los últimos años. La medida se desprende de una denuncia que cuestiona el origen de ciertos activos y el cumplimiento de las normativas de ética pública, un movimiento que desde los sectores libertarios es interpretado como un intento de «lawfare» o persecución política contra una de las caras más visibles del Ejecutivo.
Desde el entorno de Adorni han manifestado total tranquilidad, asegurando que su patrimonio es transparente y que la medida servirá para ratificar la licitud de sus ingresos. No obstante, el pedido de Lijo —quien actualmente se encuentra en el centro de la escena política por su postulación a la Corte Suprema— añade una capa de tensión entre el Poder Judicial y la Casa Rosada.
El proceso continuará con el entrecruzamiento de datos contables por parte de peritos oficiales. Mientras tanto, el oficialismo cierra filas en defensa del vocero, denunciando que estas acciones judiciales suelen ser fogoneadas por sectores de la oposición que buscan desgastar la imagen del gobierno mediante la judicialización de la gestión pública.