El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha comenzado a desplegar una estrategia de contención política denominada en el ámbito provincial como «alambrar» a los intendentes del peronismo cordobés. Esta maniobra responde directamente a la creciente preocupación por la crisis que atraviesa el PAMI, cuya falta de cobertura y demoras en los pagos están impactando de lleno en los sistemas de salud municipales. Ante el temor de que el malestar social se traslade a las administraciones locales y debilite la estructura territorial del oficialismo, el mandatario provincial busca centralizar la respuesta política y evitar fugas o reclamos desmedidos hacia su gestión.
La situación es crítica en el interior cordobés, donde los centros de salud municipales han tenido que absorber la demanda de miles de jubilados que ya no reciben atención en los prestadores privados debido al corte de servicios de la obra social nacional. Esta sobrecarga financiera pone en jaque los presupuestos locales, y Llaryora es consciente de que los intendentes se encuentran en la primera línea de fuego frente a los vecinos. Por ello, el Centro Cívico ha intensificado las reuniones técnicas y políticas para garantizar asistencia financiera y logística, enviando un mensaje claro de unidad frente a lo que consideran un abandono por parte del Gobierno Nacional.
En este complejo escenario, el gobernador busca evitar que los jefes comunales busquen soluciones individuales o establezcan puentes directos con la Casa Rosada que puedan fracturar la cohesión del bloque cordobés. El objetivo es consolidar un frente único de reclamo ante la administración de Javier Milei, exigiendo que se normalicen los flujos de fondos y las prestaciones médicas. Llaryora entiende que, si el sistema de salud colapsa en las localidades más pequeñas, el costo político no solo será para el PAMI, sino que afectará la imagen de eficiencia que el peronismo cordobés ha construido durante décadas.
Finalmente, esta estrategia de «alambrado» también posee una lectura electoral a mediano plazo. Al garantizar soporte a los intendentes en medio de la tormenta sanitaria, Llaryora reafirma su liderazgo interno y asegura la lealtad de la estructura territorial de cara a los próximos desafíos legislativos. La gestión de la crisis sanitaria se convierte así en una prueba de fuego para la capacidad de mando del gobernador, quien intenta demostrar que, ante la retirada del Estado Nacional en servicios básicos, la provincia es el único actor capaz de sostener la paz social en los municipios.