El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha formalizado la promulgación de la Ley 11.117, una normativa que introduce cambios sustanciales en el Código de Convivencia Ciudadana para abordar la problemática de los cuidacoches no autorizados y los limpiavidrios en la vía pública. Con la publicación en el Boletín Oficial, se establece un marco punitivo más riguroso que busca poner fin a la actividad de personas que exigen pagos por estacionamiento sin contar con la debida habilitación, así como a quienes realizan tareas de limpieza de cristales en semáforos y calzadas.
La nueva legislación establece una clara distinción entre los trabajadores integrados en cooperativas autorizadas y aquellos que operan de manera ilegal. Para los denominados «naranjitas» fuera de regla, las sanciones incluyen multas de hasta 50 Unidades de Multa o hasta seis días de trabajo comunitario. En situaciones de reincidencia o donde se compruebe coacción hacia los conductores, la ley prevé incluso el arresto de los infractores por un periodo de hasta seis días, otorgando a la Policía herramientas más directas para intervenir en el momento del hecho.
En cuanto a los limpiavidrios, la prohibición es total en todo el territorio provincial. El flamante artículo 60 quater penaliza a cualquier persona que intente realizar la limpieza de superficies de vehículos detenidos en semáforos, banquinas o playas de estacionamiento sin consentimiento. Esta medida responde a un reclamo histórico de los automovilistas y busca mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad en las esquinas más transitadas de la capital y el interior cordobés.
La normativa entrará plenamente en vigencia en un plazo de 30 días, periodo durante el cual se espera que el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba avance en una ordenanza local que complemente la ley provincial. El objetivo final es migrar hacia un sistema de estacionamiento que incorpore mayores controles tecnológicos, eliminando el contacto personal forzado y garantizando que el espacio público sea administrado bajo reglas claras que protejan tanto a los ciudadanos como a quienes trabajan dentro del marco de la legalidad.